Por TRPrimero Fulvio Madaro y Néstor Ulloa: hombres cercanos al ministro de Planificación Julio de Vido. Luego Felisa Miceli y las denuncias sobre Romina Picolotti: mujeres muy ligadas al jefe de Gabinete Alberto Fernández. Ahora Claudio Uberti, titular del Órgano de Control de Concesiones Viales y hombre de máxima confianza del ministro de Planificación. De Vido, Fernández, De Vido. Las irregularidades y los presuntos hechos de corrupción que se hicieron públicos en los últimos meses no paran de alternarse entre los dos superministros que rivalizan al interior del Gobierno de Néstor Kirchner.
El sábado a las 2.30 de la madrugada, previo a la llegada del presidente venezolano Hugo Chávez, arribó al Aeroparque Jorge Newbery un vuelo chárter proveniente de Venezuela, que en condiciones normales debería aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y aún más si se tiene en cuenta que Aeroparque cierra a la 1. Estaban dadas las condiciones para que los pasajeros pasaran inadvertidos, entre ellos el desplazado Uberti, el presidente de Enarsa, Exequiel Espinoza, y el empresario venezolano Alejandro Antonini Wilson, a quien detuvieron por intentar ingresar al país 800 mil dólares sin autorización. Pero a pesar del inusual horario la Aduana y la Policía de Seguridad Aeroportuaria trabajaban con rigurosidad. Algo deber haber salido mal. Nadie puede ser tan ingenuo como para pretender ingresar 800 mil dólares así nomás. ¿Hubo algún llamado delator de alguien que conocía de la maniobra? ¿Será parte de la interna del Gobierno? De Vido, Fernández, De Vido. ¿Le tocaba a De Vido no?
¿O será acaso la eficacia de los organismos públicos (en este caso la Aduana) la que permite descubrir valijas sospechosas y supuestos hechos de corrupción? Es que uno de los argumentos centrales del Gobierno radica, justamente, en que las irregularidades en los distintos casos fueron detectadas por agentes del Estado, a diferencia de lo que ocurría en la década del 90. Por ejemplo, la brigada antiexplosivos encontró la bolsa en el baño de Miceli y la AFIP inició la investigación por el uso de facturas truchas en el caso Skanska. Es cierto. Pero el hecho de que dependencias estatales hayan participado en las denuncias no es sinónimo de transparencia al interior del Gobierno. Basta con recordar que el caso IBM – Banco Nación, un escándalo paradigmático del menemismo, se inició con una denuncia de la DGI.
El sábado a las 2.30 de la madrugada, previo a la llegada del presidente venezolano Hugo Chávez, arribó al Aeroparque Jorge Newbery un vuelo chárter proveniente de Venezuela, que en condiciones normales debería aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y aún más si se tiene en cuenta que Aeroparque cierra a la 1. Estaban dadas las condiciones para que los pasajeros pasaran inadvertidos, entre ellos el desplazado Uberti, el presidente de Enarsa, Exequiel Espinoza, y el empresario venezolano Alejandro Antonini Wilson, a quien detuvieron por intentar ingresar al país 800 mil dólares sin autorización. Pero a pesar del inusual horario la Aduana y la Policía de Seguridad Aeroportuaria trabajaban con rigurosidad. Algo deber haber salido mal. Nadie puede ser tan ingenuo como para pretender ingresar 800 mil dólares así nomás. ¿Hubo algún llamado delator de alguien que conocía de la maniobra? ¿Será parte de la interna del Gobierno? De Vido, Fernández, De Vido. ¿Le tocaba a De Vido no?
¿O será acaso la eficacia de los organismos públicos (en este caso la Aduana) la que permite descubrir valijas sospechosas y supuestos hechos de corrupción? Es que uno de los argumentos centrales del Gobierno radica, justamente, en que las irregularidades en los distintos casos fueron detectadas por agentes del Estado, a diferencia de lo que ocurría en la década del 90. Por ejemplo, la brigada antiexplosivos encontró la bolsa en el baño de Miceli y la AFIP inició la investigación por el uso de facturas truchas en el caso Skanska. Es cierto. Pero el hecho de que dependencias estatales hayan participado en las denuncias no es sinónimo de transparencia al interior del Gobierno. Basta con recordar que el caso IBM – Banco Nación, un escándalo paradigmático del menemismo, se inició con una denuncia de la DGI.
