Por Tomás Rudich
La decisión del Gobierno venezolano de no renovar la concesión de la televisora Radio Caracas Televisión (RCTV) generó una fuerte polémica a nivel internacional. Los medios opositores al presidente Hugo Chávez reaccionaron escandalizados, mientras que desde el ámbito político también se escucharon protestas. En particular, el Senado de los Estados Unidos y la Unión Europea emitieron comunicados en los que mostraron su preocupación por la libertad de prensa en Venezuela, uno de los miembros del Mercosur. En otras palabras, en los ámbitos opositores a Chávez circulan todo tipo de comentarios en los que se da a entender que el presidente venezolano encarna un proyecto dictatorial.
En primer lugar hay que aclarar que el Gobierno de Chávez no cerró ningún canal, sino que decidió no renovar una concesión haciendo uso de las facultades que le competen. La licencia de RCTV vencía el 27 de mayo y la televisora emitió sin mayores restricciones hasta esa fecha, incluso cuando apoyó abiertamente el frustrado golpe de Estado del año 2002 contra Chávez. Por lo tanto, desde ese punto de vista la decisión es válida. El problema es la falta de criterios objetivos a tomar en cuenta para la renovación o no de la licencia de un espacio televisivo. Porque RCTV no es la única emisora que apoyó el golpe del 2002. Hay otros canales con una posición similar que sin embargo acordaron con el Gobierno. Esto implicaría que la no renovación responde a criterios políticos que confunden la defensa de los intereses del Estado con el Gobierno.
Ahora, una vez admitido lo discrecional de la medida de Chávez, convendría aclarar algunos términos que se escucharon en los últimos días y que resultan falsos y exagerados. Es que los más críticos de su Gobierno han vinculado la no renovación de RCTV con las nacionalizaciones que se vienen llevando a cabo en distintos sectores de la economía venezolana, de manera que ambas situaciones ilustrarían un supuesto proyecto hegemónico de Chávez. Tal es la postura de CNN en Español. Sin embargo, difícil resulta creer en la objetividad de esta emisora estadounidense de clara posición antichavista. Un televidente atento habrá visto esta semana a la presentadora Patricia Janiot retractándose por la falsa transmisión que su cadena hizo sobre una marcha opositora en Venezuela, ya que se “confundieron” y utilizaron imágenes de una protesta en México. La retractación ocurrió tras la pública denuncia de Chávez, quien, como se ve, no siempre miente cuando acusa a algunos los medios de estar en su contra.
Además, la oposición no debería mezclar la última medida de Chávez con la decisión de nacionalizar empresas. Las nacionalizaciones son una decisión soberana y cuentan con el apoyo popular. Son un intento de respuesta frente al fracaso de las privatizaciones y las magras consecuencias que trajeron a Sudamérica, donde se generaron los niveles de desigualdad más grandes del mundo y una situación de pobreza que afecta a la mitad de nuestra población. ¿Cómo puede ser que se califique de autoritaria una nacionalización, mientras que a las privatizaciones se las considera un paso hacia la modernización y la integración al mundo?
Con respecto a las críticas de la Unión Europea y EEUU, allí también se observa una evidente falta de criterio. Antes de condenar el accionar de un miembro del Mercosur, la Unión Europea debería preocuparse por las graves violaciones a los derechos humanos que hay en su interior. Un ejemplo es el caso de Polonia (miembro de la UE desde 2004) donde unos gemelos ultranacionalistas de apellido Kaczyński gobiernan a sangre y fuego y llevan adelante una política de “renovación moral” que incluye la persecución de homosexuales y opositores. En el caso de EEUU la hipocresía es más evidente. El unilateralismo y la antidemocrática invasión de Irak hablan por sí solos.
Asimismo, hay otro aspecto que resulta llamativo cuando se escuchan las críticas a los gobiernos latinoamericanos. Es la mención de China como nación ejemplar. Si hay un país que no puede tomarse como ejemplo de libertad de expresión y democracia es justamente China. Una nación gobernada por un partido único y con niveles indiscutibles de censura. Pero con un pequeño detalle. Permite la libertad de empresa y de comercio. Esto demuestra que para los grupos de poder la libertad expresión es secundaria frente al liberalismo económico. El núcleo de la crítica a los gobernantes latinoamericanos radica justamente en esta última cuestión.
En definitiva, una definición más precisa sobre la situación de Latinoamérica debería hablar de un aumento del presidencialismo y no de dictaduras electas. Se trata de una forma de construcción política caracterizada por la preeminencia del poder político del presidente sobre los otros órganos de Gobierno. Su gran desafío será mejorar las escandalosas condiciones de vida de gran parte de la población y al mismo tiempo respetar las libertades más importantes: de conciencia, de expresión y de religión. Es el gran dilema de la historia política contemporánea de Occidente. Ni un capitalismo con desigualdad y miseria ni un socialismo carente de las libertades elementales.
Por Martín Porcel de Peralta
