Una juicio más riesgoso para el Gobierno que para Carrió

Por TR

Se la nota cómoda en su posición de acusada a Elisa Carrió. Es que el juicio oral por calumnias e injurias al que la llevó la querella del empresario pesquero cercano al kirchnerismo, Héctor Antonio, vuelve a poner a la candidata presidencial por la Coalición Cívica en el centro de la escena política y mediática. Difícil de entender esta maniobra del oficialismo. Parece una jugada poco redituable por donde se la mire.

Tal vez lo único que le permita este juicio al Gobierno es que se deje de hablar de la valija de Antonini Wilson. Pero el nuevo tema de debate tampoco es un lecho de rosas para el Presidente. La sóla posibilidad de que la candidata opositora que pelea el segundo puesto en las encuestas vaya presa genera desconfianza en el Gobierno y le permite a Carrió hacer públicas no sólo denuncias, sino también pruebas. Además, le da pie a la oposición para criticar de “antidemocrático” a Kirchner y expresar su “solidaridad republicana” con Carrió.

Ante este panorama, la mejor estrategia para el Gobierno debería consistir en aguantar el temporal de corrupción, mantener el bajo perfil, la estabilidad económica, y sacar provecho de las populares medidas (por ejemplo el aumento de jubilaciones) que está tomando en vísperas de las elecciones. Pero parece haber optado por el camino contrario. Es que la nueva querella de Aníbal Fernández lo único que hace es poner el tema corrupción en el centro de la escena. El ministro del Interior acusó a Carrió de “mentirosa compulsiva” por denunciar presiones sobre la viuda de Raúl “Cacho” Espinoza, uno de los dueños de la pesquera San Isidro que fuera asesinado en 2003. Y en este terreno es donde Carrió se siente más cómoda. Porque si lo único que lograron encontrarle para llevarla a un tribunal son expresiones ofensivas (sin olvidar la denuncia falsa a Enrique Olivera), entonces la ex líder del ARI tal vez no tenga demasiado que ocultar por el momento.

Más allá de sus lecturas políticas, el juicio también trae a escena un tema que debe ser revisado en el sistema legal argentino. Se trata de la pertinencia del castigo penal por el uso de la libertad de expresión. Efectivamente, las injurias (delito contra el honor) y las calumnias (falsa imputación de un delito) están tipificadas en el código penal argentino. Sin embargo, estas leyes representan una peligrosa continuación de la ley de desacato, incluso calificada como una "rémora monárquica" por Mario Wainfeld en el oficialista Página 12. De hecho, la declaración de principios sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (relativa al Pacto de San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional desde 1994) establece que la protección de la reputación de personas de carácter público debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, ya que el castigo penal resulta intimidatorio y fomenta la autocensura. Además, de acuerdo a la doctrina de la “real malicia”, debe probarse el dolo del querellado. Es decir, hay que probar la intención de infligir daño, el pleno conocimiento de la falsedad de la información o la manifiesta negligencia del denunciante.

Ninguno de estos elementos parece estar presente en la denuncia que hizo Carrió. Es más, la grabación de un diálogo entre ella y la viuda de Espinoza, Lorena Gabarrus, involucra directamente al querellante Héctor Antonio (y también a Rudy Ulloa, al desplazado Claudio Uberti y a Néstor Kirchner). Si bien no es una prueba terminante para establecer que Antonio es el autor intelectual del asesinato de Espinoza, las declaraciones de la viuda muestran que Carrió no denunció sin fundamentos. La prueba es de peso y debería haber sido utilizada para seguir una línea de investigación en un crimen que pega de cerca a varias empresas pesqueras del sur sospechadas de financiar la campaña del entonces gobernador Néstor Kirchner. Por eso, no es descabellado pensar que el juicio es más riesgoso para el Gobierno que para Carrió. En definitiva, implica por un lado marketing y difusión para la ex líder del ARI, y por el otro, un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno.